LA URGENCIA DEL DIÁLOGO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
Segundo Antonio González C.
Consultor
 

Más de 500 empresarios de la región fueron convocados por la gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de la Competitividad, el pasado 16 de julio. El encuentro se desarrolló en Cúcuta, con el propósito de analizar la grave situación, social y económica, que enfrenta esta sección del país, como consecuencia de la aguda crisis que afecta las relaciones de Colombia y Venezuela.

Ha dicho el presidente electo, doctor Juan Manuel Santos, que los conflictos entre gobernantes pesan sobre los pueblos que tienen bajo su responsabilidad. Este planteamiento lleva en el fondo una invitación al diálogo y a la composición de las relaciones entre dos pueblos hermanos, todo dentro del respeto por la soberanía y dentro de las reglas del derecho internacional.

La crisis exige medidas excepcionales, encaminadas a proteger los medios productivos y restaurar el equilibrio económico. Venezolanos y colombianos, de acuerdo con encuestas de última hora, piden a sus gobiernos la normalización de las relaciones comerciales y diplomáticas en el menor tiempo posible. Se trata de una necesidad sentida por todos. Estamos ante una situación de emergencia, de funestas consecuencias para los habitantes de la línea fronteriza, especialmente para quienes viven del comercio con Venezuela, como es el caso de Norte de Santander.

No es para menos, cuando el desempleo en esta zona fronteriza ha pasado del 10% en mayo del 2009 al 13.2% a la fecha actual y en ascenso, con una fuerza laboral cesante cercana a 50.000 personas; con una informalidad del 75.3%; con un cierre creciente de empresas y negocios por falta del mercado Venezolano. La industria de la arcilla ha cancelado más de 3000 empleos y cerrado 40 empresas en el sector. El gremio de cañicultores pierde su cosecha, pues se ha cerrado su único mercado, por la nacionalización del ingenio de Ureña; la industria minera del carbón, sin opciones de un transporte competitivo, tiene restringida su capacidad de producción y la entrega de los productos a los clientes. El comercio regular ha cerrado más de 300 establecimientos por falta de consumidores; y, en general, las industrias del cuero, calzado y demás sectores formales, han caído en la más profunda crisis, como nunca se había visto en esta frontera. Sumado a esto, en los últimos días fueron secuestradas cuatro personas pertenecientes a ONG´s en la provincia de Ocaña, región de Teorama; en la capital del departamento crece el número asaltos y atracos en sitios públicos, que deterioran la seguridad y ponen en peligro la integridad de las personas, incluso se asesina por robar un celular o una prenda.

El Gobierno Venezolano al congelar las relaciones comerciales con nuestro país, como la más fuerte medida de represalia por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, en marzo del 2008 en territorio Ecuatoriano, ha impactado negativamente la economía del país en un punto del PIB, en un punto en la tasa de desempleo colombiano y ha ocasionado, solo para el Norte de Santander, una caída de sus exportaciones totales del 81.9% y una caída de 93% solamente en sus exportaciones a Venezuela.

Norte de Santander tradicionalmente ha sido un departamento aislado y ausente de los grandes proyectos nacionales, no obstante ser la frontera activa más importante de Sur América. Colombia exportó a Venezuela en el año 2008 US$6.000 millones y hoy no llega a los US$1.500 millones, comercio que cruza en su mayoría por esta frontera. La economía regional se ha basado, casi exclusivamente, en el comercio con este país y solo en las últimas dos décadas ha intentado crear alguna industria con perspectivas de mercados diferentes, con gran esfuerzo, pues uno de sus obstáculos es la dificultad para el transporte por falta de vías competitivas.

El Gobierno Central conoce plenamente lo que sucede porque las autoridades locales, los gremios, los sectores económicos y la representación parlamentaria han reiterado la necesidad de buscar soluciones prontas y efectivas, a través de comisiones, consejos comunitarios y manifestaciones escritas; pero, como si se arara en el mar, no aparecen las acciones orientadas a solucionar tan grave situación.

Hoy el pueblo nortesantandereano, reclama acciones urgentes, dentro de un estado de excepción de carácter regional, mientras se aclara el conflicto entre los dos gobiernos. Creemos en el dialogo como formula expedita para plantear, con la seriedad debida y el respeto mutuo de las dos naciones, los temas de discusión que nos separan. La inseguridad en la frontera Colombo Venezolana corre por cuenta de los grupos al margen de la ley, que evaden la acción de las autoridades cruzando la frontera.

Las denuncias del gobierno Colombiano sobre campamentos y presencia de grupos guerrilleros de las Farc y Eln, en territorio venezolano, deben ser discutidas a través del diálogo serio, respetuoso y objetivo. Debe presumirse que estos grupos no son apoyados por el gobierno venezolano y que actúan al amparo de una frontera extensa y difícil, para evadir las autoridades. Las comunidades de Zulia, Táchira, Apure y otros estados fronterizos están sufriendo ya el flagelo del secuestro, el boleteo y la extorsión de los grupos ilegales. Las autoridades locales venezolanas han denunciado su presencia y son muchos los testimonios de su existencia allí, razones suficientes para que el dialogo se imponga como medio fundamental para aclarar la situación.

Debemos restablecer el comercio binacional para que el Norte de Santander recupere cuanto antes su estabilidad económica y social. Creemos que por los niveles alcanzados de afectación de esta región, se debe implementar un plan de choque en que nos impulse hacia nuevas oportunidades de desarrollo. El director del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Doctor Luis Alberto Moreno, ha expresado su deseo de actuar en esta frontera y el nuevo gobierno del presidente Santos, a través de su ministro de Hacienda Dr. Juán Carlos Echeverry, actuarán, estamos seguros, con la celeridad debida. Es hora de emprender grandes obras para conectar al departamento con la costa atlántica colombiana, con el propósito de desarrollar el enorme potencial económico que representa su minería, su agricultura, su comercio y el turismo. Solo así la prosperidad democrática anunciada por el nuevo gobierno será una realidad y un medio de integración nacional.

Bogotá, 17 de julio de 2010