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Más
de 500 empresarios de la región fueron convocados por la gobernación
de Norte de Santander, a través de la Secretaría de la Competitividad,
el pasado 16 de julio. El encuentro se desarrolló en Cúcuta, con
el propósito de analizar la grave situación, social y económica,
que enfrenta esta sección del país, como consecuencia de la aguda
crisis que afecta las relaciones de Colombia y Venezuela. Ha
dicho el presidente electo, doctor Juan Manuel Santos, que los conflictos entre
gobernantes pesan sobre los pueblos que tienen bajo su responsabilidad. Este planteamiento
lleva en el fondo una invitación al diálogo y a la composición
de las relaciones entre dos pueblos hermanos, todo dentro del respeto por la soberanía
y dentro de las reglas del derecho internacional. La
crisis exige medidas excepcionales, encaminadas a proteger los medios productivos
y restaurar el equilibrio económico. Venezolanos y colombianos, de acuerdo
con encuestas de última hora, piden a sus gobiernos la normalización
de las relaciones comerciales y diplomáticas en el menor tiempo posible.
Se trata de una necesidad sentida por todos. Estamos ante una situación
de emergencia, de funestas consecuencias para los habitantes de la línea
fronteriza, especialmente para quienes viven del comercio con Venezuela, como
es el caso de Norte de Santander. No
es para menos, cuando el desempleo en esta zona fronteriza ha pasado del 10% en
mayo del 2009 al 13.2% a la fecha actual y en ascenso, con una fuerza laboral
cesante cercana a 50.000 personas; con una informalidad del 75.3%; con un cierre
creciente de empresas y negocios por falta del mercado Venezolano. La industria
de la arcilla ha cancelado más de 3000 empleos y cerrado 40 empresas en
el sector. El gremio de cañicultores pierde su cosecha, pues se ha cerrado
su único mercado, por la nacionalización del ingenio de Ureña;
la industria minera del carbón, sin opciones de un transporte competitivo,
tiene restringida su capacidad de producción y la entrega de los productos
a los clientes. El comercio regular ha cerrado más de 300 establecimientos
por falta de consumidores; y, en general, las industrias del cuero, calzado y
demás sectores formales, han caído en la más profunda crisis,
como nunca se había visto en esta frontera. Sumado a esto, en los últimos
días fueron secuestradas cuatro personas pertenecientes a ONG´s en
la provincia de Ocaña, región de Teorama; en la capital del departamento
crece el número asaltos y atracos en sitios públicos, que deterioran
la seguridad y ponen en peligro la integridad de las personas, incluso se asesina
por robar un celular o una prenda. El
Gobierno Venezolano al congelar las relaciones comerciales con nuestro país,
como la más fuerte medida de represalia por el bombardeo al campamento
de Raúl Reyes, en marzo del 2008 en territorio Ecuatoriano, ha impactado
negativamente la economía del país en un punto del PIB, en un punto
en la tasa de desempleo colombiano y ha ocasionado, solo para el Norte de Santander,
una caída de sus exportaciones totales del 81.9% y una caída de
93% solamente en sus exportaciones a Venezuela. Norte
de Santander tradicionalmente ha sido un departamento aislado y ausente de los
grandes proyectos nacionales, no obstante ser la frontera activa más importante
de Sur América. Colombia exportó a Venezuela en el año 2008
US$6.000 millones y hoy no llega a los US$1.500 millones, comercio que cruza en
su mayoría por esta frontera. La economía regional se ha basado,
casi exclusivamente, en el comercio con este país y solo en las últimas
dos décadas ha intentado crear alguna industria con perspectivas de mercados
diferentes, con gran esfuerzo, pues uno de sus obstáculos es la dificultad
para el transporte por falta de vías competitivas. El
Gobierno Central conoce plenamente lo que sucede porque las autoridades locales,
los gremios, los sectores económicos y la representación parlamentaria
han reiterado la necesidad de buscar soluciones prontas y efectivas, a través
de comisiones, consejos comunitarios y manifestaciones escritas; pero, como si
se arara en el mar, no aparecen las acciones orientadas a solucionar tan grave
situación. Hoy
el pueblo nortesantandereano, reclama acciones urgentes, dentro de un estado de
excepción de carácter regional, mientras se aclara el conflicto
entre los dos gobiernos. Creemos en el dialogo como formula expedita para plantear,
con la seriedad debida y el respeto mutuo de las dos naciones, los temas de discusión
que nos separan. La inseguridad en la frontera Colombo Venezolana corre por cuenta
de los grupos al margen de la ley, que evaden la acción de las autoridades
cruzando la frontera. Las
denuncias del gobierno Colombiano sobre campamentos y presencia de grupos guerrilleros
de las Farc y Eln, en territorio venezolano, deben ser discutidas a través
del diálogo serio, respetuoso y objetivo. Debe presumirse que estos grupos
no son apoyados por el gobierno venezolano y que actúan al amparo de una
frontera extensa y difícil, para evadir las autoridades. Las comunidades
de Zulia, Táchira, Apure y otros estados fronterizos están sufriendo
ya el flagelo del secuestro, el boleteo y la extorsión de los grupos ilegales.
Las autoridades locales venezolanas han denunciado su presencia y son muchos los
testimonios de su existencia allí, razones suficientes para que el dialogo
se imponga como medio fundamental para aclarar la situación. Debemos
restablecer el comercio binacional para que el Norte de Santander recupere cuanto
antes su estabilidad económica y social. Creemos que por los niveles alcanzados
de afectación de esta región, se debe implementar un plan de choque
en que nos impulse hacia nuevas oportunidades de desarrollo. El director del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, Doctor Luis Alberto Moreno, ha expresado su
deseo de actuar en esta frontera y el nuevo gobierno del presidente Santos, a
través de su ministro de Hacienda Dr. Juán Carlos Echeverry, actuarán,
estamos seguros, con la celeridad debida. Es hora de emprender grandes obras para
conectar al departamento con la costa atlántica colombiana, con el propósito
de desarrollar el enorme potencial económico que representa su minería,
su agricultura, su comercio y el turismo. Solo así la prosperidad democrática
anunciada por el nuevo gobierno será una realidad y un medio de integración
nacional. Bogotá, 17 de julio de 2010 | ||||