Es decir, que no sería el simple regreso a las concesiones, donde la participación del Estado fluctuaba apenas entre el 8% y el 14%. Ecopetrol por su parte, "podría nutrirse a través de un canon que cobraría a la concesionaria, teniendo en cuenta el área retenida".

Sin embargo, el aspecto central de la propuesta es este: la actual modalidad de los contratos de asociación se mantendría, pero también con una variante sustancial: que la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) reduzca drásticamente su participación en ellos y deje "que la empresa privada participe por lo menos con un 80%, tanto en el riesgo como en la explotación".

Es decir, que el sector privado corra con la mayor parte de los gastos, a cambio de mayor porcentaje en la producción. La fórmula ya le fue presentada por escrito a Luis Carlos Valenzuela, ministro de Minas y Energía, el pasado 27 de agosto.

La propuesta la hizo Segundo Antonio González, ingeniero de petróleos y gerente general de Omimex de Colombia, una petrolera estadounidense que cuenta con capital asiático. Omimex tiene vigentes cuatro contratos de asociación en Colombia: Cocorná y Nare, actualmente en producción, así como los Cuerdas y Sarare, que apenas están en la fase de exploración.

Además, es propietaria del único campo petrolero privado que hay en el país: Campo Velásquez.

En su carta al ministro Valenzuela, González dice que no se entiende cómo Colombia deja pasar el tiempo, con el riesgo de perder la inversión privada.

"Los cambios que se hicieron a la política petrolera colombiana en octubre del año pasado y marzo de este año fueron buenos, pero en realidad se quedaron cortos", dijo ayer Segundo Antonio Gonzalo este diario.

Además, advirtió que esas modificaciones, "cada cinco meses", le envían al mundo mensajes negativos: que se está improvisando y que puede haber desconocimiento del mundo actual de la inversión petrolera.

Por eso estima que, de una vez por todas, hay que hacer una reforma profunda a la política petrolera del país.

La vieja concesión

Cuando se abolió en Colombia el viejo sistema de la concesión petrolera, bajo el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, las circunstancias eran muy distintas a las actuales sostiene González.

Por esos días, el precio del petróleo era alto, de US$20 ó US$25 y se temía que subiera mucho más. Por eso se consideró sano que el Estado debía percibir mucho más por su petróleo.

Esa fue la filosofía. Entonces, se adoptó el contrato de asociación bajo el esquema genérico de una distribución por partes iguales (50%-50%), después de las regalías del 20%.

"Sin embargo las circunstancias hoy son distintas, y por múltiples factores como la inseguridad, la demora en los trámites, el trato desigual a las petroleras y la volatilidad de las reglas, el país corre el riesgo de quedarse sin inversión extranjera", afirma González.

Además, para él lo importante es que se debatan todas las alternativas posibles y se adopte, cuanto antes, una decisión fina!.

La nueva concesión

Así mismo, recalca que no propone el regreso simple y directo al viejo sistema de la concesión, sino que, con algunas diferencias, se le mantenga "como una alternativa".

Para comenzar, explica, se mantendría el 20% de las regalías y el sistema se podría usar, por ejemplo, para áreas no muy activas, lejanas y prácticamente sin infraestructura. Es decir, es sólo una alternativa.

Y Ecopetrol cobraría un canon, "que podría ser, por ejemplo, de US$ 1 por hectárea, como ocurre en otros países, o una suma que está por definir".

Y respecto a los contratos de asociación, la idea de que los privados inviertan "por lo menos el 80%" del riesgo y la producción, tendría un efecto práctico: "Que invierta más el sector privado".

Además, eso podría multiplicar el número de proyectos. "Lo que pasa es que Ecopetrol quiere estar en todos los proyectos, pero todos sus recursos se destinan a algún proyecto grande, como Cusiana".

Para González lo básico es que Ecopetrol multiplique las áreas de exploración, así no tenga alta participación en todas ellas.